Prostitución: las lecciones del pasado

Gobernantes, moralistas, sociólogos, activistas y agentes de todo tipo llevan siglos buscando una solución para la cuestión de la prostitución, fenómeno inextinguible en las ciudades desde hace infinidad de siglos, sin por el momento haber sabido encauzar de manera definitiva una serie de interrogantes fundamentales: ¿qué hacer con la prostitución? ¿Es posible conseguir su desaparición? ¿Estamos dispuestos a aceptar la prostitución como una actividad lícita? ¿Preferimos tender sobre ella un manto de invisibilidad que alivie nuestras conciencias? La raíz del fracaso de casi todas estas opciones, como se muestra en la actualidad en el caso sevillano, descansa sobre dos cuestiones fundamentales: no tener en cuenta la opinión de las prostitutas y no saber interpretar las lecciones de la Historia. 

Tiempos de mancebías

Durante más de dos siglos funcionó en Sevilla un modelo de gestión y control de la prostitución centrado en el establecimiento de un espacio exclusivo para el ejercicio del meretricio, sometido a normas y vigilancia. Hablamos de la mancebía o casa pública, de la que tenemos datos desde el siglo XIV. En el caso de un puerto como el hispalense, la población flotante de marineros y la de los artesanos vinculados con la navegación suponía un mayor acrecentamiento de la desfavorable relación entre hombres y mujeres habitual en las ciudades medievales. Ello derivaba en un clima de violencia, especialmente sexual, cada vez más intenso.

En 1337 Alfonso XI establece para la ciudad de Sevilla unas normas para perseguir a la prostitución encubierta que se ejercía en algunas casas. Lo más interesante de estas nuevas normativas es la vinculación que en ellas encontramos entre prostitución y violencia urbana. En una ciudad con una creciente violencia acrecentada por la rivalidad entre los clanes de los Guzmanes y los Ponce de León, los burdeles y su entorno se convierten en zonas de reclutamiento de rufianes, matones y demás gente de mal vivir utilizados como fuerza de choque por las familias aristocráticas. Una de las medidas tendentes a limitar el alcance de la relación entre prostitución y delincuencia fue la de circunscribir el ejercicio tolerado de la prostitución a un ámbito geográfico concreto. A la altura de este año de 1411 ya era una realidad la concentración de los burdeles en la zona del Arenal, próxima al puerto y a su asidua clientela, pero con límites poco definidos de complicada vigilancia. De ahí el que cinco años más tarde se tomase la decisión de confinar el ejercicio legal del meretricio a una zona bien delimitada de la ciudad.

Tarea vana fue pretender circunscribir toda la prostitución local en la mancebía, como se empezaría a demostrar desde bien pronto. La raíz del fracaso del modelo del burdel municipal residía en que provocaba que las mujeres prefirieran el ejercicio libre fuera de sus muros aun a riesgo de sanciones económicas y corporales. Así, si en sus mejores tiempos en la mancebía sevillana pudieron residir unas cien mujeres, el licenciado Porras de la Cámara da para el año de 1600 la cifra de tres mil rameras desparramadas por toda la ciudad.

La “patronal” del placer

Toda mujer que quisiera ejercer en el Compás debía solicitarlo ante la comisión municipal del ramo, atestiguando no ser natural de la ciudad, ni estar casada, ni tener familiares en Sevilla sobre los que pudiera recaer el peso del deshonor. Una vez pasado este filtro debía encontrar acomodo en algunas de las boticas libres y ponerse de acuerdo con el encargado o padre correspondiente. Un alguacil municipal se aseguraba de que se cumpliesen los horarios y el calendario de cierre por festividades religiosas, así como de conducir cada domingo por la mañana temprano a las rameras a misa.

No era únicamente el Concejo hispalense el interesado en mantener la mancebía en el mejor funcionamiento posible pese a los posibles escrúpulos morales. Aún más lo estaban los propietarios de los inmuebles del interior de la mancebía, casas de baja calidad, aprovechas al máximo posible (hemos detectado que algunas casas llegaron a ser subdivididas en diez boticas a lo largo del siglo XVI) y arrendadas por interesantes cantidades a los ya conocidos padres de la mancebía. Sólo unas veinte de las cien boticas eran propiedad concejil y el resto estaba en manos, esencialmente, de instituciones religiosas: el cabildo catedralicio, la colegiata de El Salvador, el monasterio de Santa Clara, los hospitales de Santa Marta, de San Clemente, de la Misericordia, de los Caballeros, del Espíritu Santo y del Amor de Dios. Todas ellas se amparaban en la doctrina asentada por Tomás de Aquino, y repetida por los teólogos españoles del momento, de que lucrarse del dinero procedente del alquiler de los burdeles era moralmente lícito si el Rey permitía la existencia de las mancebías. Como se ve, una perfecta simbiosis ideológica en la que el poder regio se ampara en la licitud moral mientras que la Iglesia defiende la licitud de sus ingresos non sanctos con el pretexto de la autoridad real.

El fin de este modelo de gestión sobrevendría en el primer cuarto del siglo XVII como consecuencia justamente de un radical cambio en el paradigma moral de la Iglesia. Ya desde finales del siglo XVI se estaba detectando en Sevilla, como antes en Granada, la acción cada vez más intensa contra la mancebía de los miembros de la Compañía de Jesús. Movilizaron sus influencias en la ciudad y, sobre todo, en la Corte, donde alcanzaron un alto nivel de persuasión entre los miembros del gobierno y, a pesar de la oposición de varias ciudades, entre ellas Sevilla, lograron que en 1623 se emitiese una orden que conminaba al cierre de todas las mancebías del reino de Castilla.

De la legalidad a la ilegalidad

La verdad es que para entonces, debido a la presión de los congregados y de los jesuitas, alejando a la clientela, el Compás de la Laguna llevaba ya varios años semidespoblado. Por el contrarío, lo que se produjo fue un crecimiento de la prostitución ilegal y un alarmante aumento del número de afectados por enfermedades venéreas, a la vista de las cifras de gastos de los dos hospitales sevillanos especializados en este tipo de curas. Los lugares de la clandestinidad más habituales eran las zonas más alejadas de la vigilancia de los alguaciles, como las barbacanas de las murallas, San Bernardo, Triana, las ventas del Alamillo y de la Barqueta y los aledaños de las zonas de fondeadero de los barcos de la carrera de Indias, desde el propio Arenal hasta, río más abajo, Coria del Río. 

No ha quedado mucha documentación sobre la prostitución en estos extensos tiempos de prohibicionismo que sólo trajeron más consecuencias negativas que otra cosa. Los embates de las crisis agrícolas en el entorno rural de la ciudad o las consecuencias nefastas de las guerras, como la de Sucesión en los albores del siglo XVIII, arrojaban sobre la ciudad masas hambrientas y atemorizadas en busca de refugio y alimento; pero la ciudad no podía cubrir esas necesidades y la consecuencia era el aumento de la criminalidad y de la prostitución. Así describe la ciudad un anónimo poeta en 1708:

Poca justicia, muchos alguaciles,

a costales las putas y ladrones,

seis caballeros y seiscientos dones;

doncellas presumidas de sutiles,

maridos a corneta enjaretados,

jurados contra el pueblo conjurados,

veinticuatros en común y con cuadrilla,

las calles muladar: ésta es Sevilla.

Las casas de tolerancia

Como en ocasiones del pasado y del propio presente se ha demostrado, el prohibicionismo a ultranza no ofrece ninguna solución a la cuestión de la prostitución, más bien al contrario, no hace sino agravar las consecuencias de todo tipo, tanto para las propias prostitutas (carentes de ningún tipo de cobertura legal ni de ninguna forma de protección por parte de las fuerzas del orden), como para el resto de la sociedad, sometida a los riesgos sanitarios y de orden público derivados de una prostitución descontrolada. Las crisis agrícolas y los embates bélicos arrojaron hacia la ciudad abundantes masas depauperadas que alimentaron el mundo del meretricio subterráneo, ante lo que las autoridades locales no ofrecieron otra alternativa a la cuestión que una represión insuficiente. Había que dejar a un lado las cuestiones morales y volver a un modelo de regulación prostibularia que mitigase los temidos efectos sobre la población de las enfermedades venéreas.

Con la presión añadida del Capitán General, alarmado ante el creciente porcentaje de la tropa dado de baja por venéreo, el ayuntamiento sevillano aprobó en 1859 una nueva reglamentación de la prostitución. Lejos de concentrar este fenómeno en una zona determinada, como las viejas mancebías, la estrategia era la contraria, impedir al máximo la visibilidad del amor venal mediante la dispersión espacial y la reclusión de la prostitución en los espacios cerrados de las casas de tolerancia. Quien quisiera ejercer este oficio en la ciudad debería acudir a un registro especial y matricularse en él, pagando una cuota mensual según la categoría del establecimiento en el que fuese a ejercer. Las pupilas estaban bajo el control de un ama, quien también estaba registrada y abonaba su correspondiente cuota, con la que se pagaba tanto el servicio especial de vigilancia policial como, sobre todo, el de inspección médica.

La mafia de Olmo

Este sistema, con alternancia de gestión municipal o del Gobierno Civil, perdurará casi un siglo, hasta 1956, con un breve impasse durante la Segunda República y la Guerra Civil. Como era de suponer, la voluntad de eliminar la prostitución callejera y su sustitución por el discreto fornicio en las casas de señoritas se desvaneció ante la realidad. La verdadera naturaleza de la presión que provocaba este sistema sobre las sufridas prostitutas se desvela a través de la existencia de una red “mafiosa” amparada por las autoridades y dirigida por el que fuese jefe de Higiene Especial durante más de treinta años, Miguel Olmo (bien conocido por dirigir un prestigioso taller de bordados de mantos y palios), quien, en connivencia con las amas a cambio de dinero, mandaba a sus agentes detener a las prostitutas que abandonaban los burdeles bajo acusación de ejercer de manera clandestina y las devolvía y encerraba en sus antiguas casas de tolerancia.

Tras el embate prohibicionista durante la Segunda República, que llevó a la liquidación del sistema reglamentista y tras el peligro para la “regeneración nacional” que suponían las enfermedades venéreas una vez acabada la Guerra Civil, Franco ordenó restablecer en 1940 el sistema de control sanitario de los burdeles oficiales hasta el año 1956, cuando el deseo de aparentar modernidad y apertura frente a Occidente llevó a finiquitar el sistema y dejar a la prostitución en ese limbo legal en el que aún se mueve.

La falta de documentación nos impiden un mayor acercamiento a la realidad prostibularia de Sevilla en aquellos años del franquismo, saltando hasta las bien conocidas últimas décadas dominadas por la conexión drogas-prostitución en los años setenta y ochenta, la irrupción de prostitutas extranjeras, la proliferación de clubes en carretera y polígonos y la densa presencia de mujeres en determinadas calles de la ciudad, con la consecuente alarma social, mostrando la inutilidad de medidas como las de multar a los clientes, que no hacen sino arrojar a las prostitutas de calle al antro tenebroso y explotador de los clubes. 

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